Antes de que se estableciera la Constitución Política de 1991, la salvaguarda de los derechos humanos no era adecuada. Los procedimientos judiciales disponibles en ese momento no eran suficientemente efectivos o apropiados; el derecho era algo incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, y las dificultades burocráticas y las infracciones de los derechos eran una realidad persistente.
Con la Constitución Política de 1991 se estableció en el ordenamiento jurídico colombiano el mecanismo constitucional de la acción de tutela. Esta es una herramienta jurídica principal para garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución pueden ser protegidos a través de la acción de tutela, según lo especificado en el artículo 86 de la misma y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
Este mecanismo judicial permite a cualquier individuo solicitar a los jueces, en cualquier lugar y momento, la salvaguarda inmediata de sus derechos fundamentales. Esta acción constitucional se activa cuando tales derechos son violados o amenazados por acciones o negligencias de las autoridades públicas y, en ciertas situaciones, de particulares.
Es crucial entender que el derecho a ejercer la acción de tutela no puede ser interrumpido, incluso durante los periodos en los que se proclama un estado de excepción. Esto significa que, incluso cuando circunstancias extraordinarias o emergencias graves perturben el orden público y se implementen medidas especiales para su control, la acción de tutela sigue estando disponible.
Si considera que sus derechos están siendo vulnerados o simplemente conocer más sobre este recurso, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.